martes, 6 de noviembre de 2012


Infancias perdidas por embarazos tempranos en El Salvador

Unas 168 aulas pudieran llenarse con las ocho mil menores de 15 años atendidas por partos en clínicas públicas salvadoreñas entre 2001 y 2007, mas es probable que ellas nunca vuelvan a estudiar.
Embarazadas en edades tempranas por disimiles razones- incluso como resultado de violaciones por parte de parientes o desconocidos-, ellas no gozaron del derecho al aborto en su país y menos de políticas preventivas a favor de su salud y desarrollo.
Desde hace más una década, las salvadoreñas enfrentan una legislación prohibitiva, contra el aborto, y suman decenas las muertes acumuladas por su aplicación, según el Centro de Derechos Reproductivos y el Instituto de Estudios para la Mujer.
Las modificaciones de 1996 a la ley sobre el tema tipificaron como delito las interrupciones de embarazo, prohibieron el derecho a practicarlas en casos de trastornos genéticos, abuso sexual y otros, y elevaron las condenas por apelar al derecho hasta 12 años de cárcel.
Como resultado, miles de mujeres -mayoritariamente pobres y jóvenes- enfrentaron procesos judiciales por abortos ilegales, intentaron quitarse la vida ante la imposibilidad de solucionar el problema u optaron por parir aún sin las condiciones requeridas.
En este último caso están las ocho mil menores de 10 a 15 años atendidas por partos entre 2001 y 2007, pero también 11 mil 788 comprendidas en estas edades que en el período se acogieron a los servicios de planificación familiar del Ministerio de Salud.
La Prensa Gráfica, diario salvadoreño, cuestionó el silencio de las autoridades del sector acerca de la problemática a pesar de la divulgación de las cifras por la Internet.
Ellas –las niñas a quienes el gobierno entrega anticonceptivos– no son el centro de las campañas ni de los discursos, sino una estadística sobre la que incomoda hablar, puntualizó la periodista Glenda Girón.
En 2007, el Ministerio de Salud de El Salvador suministró anticonceptivos de diferentes tipos a mil 363 menores que no habían cumplido los 15 años, según datos oficiales divulgados en la página electrónica de esta cartera.
Las supuestamente beneficiadas con la estrategia estatal destinada a planificar los embarazos ascendieron a 36 mil 806 entre los 15 y los 18 años de edad, de acuerdo con esa fuente.
Para Rodrigo Ávila –candidato presidencial por el partido Alianza Republicana Nacionalista-, entregar anticonceptivos a adolescentes menores de 14 años es una irresponsabilidad tremenda.
A una niña de 13-14 años, al fomentarle todo ese tipo de cosas se le está básicamente abriéndole la puerta para que haya una anarquía inmoral en nuestro país. Estoy en contra, espetó el ex director de la Policía Nacional Civil.
El candidato a la presidencia por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Mauricio Funes, también repudió esa práctica, pero en cambio abogó por la inclusión de la educación sexual reproductiva en los planes de estudio.
Le enseñaremos a las niñas y a los niños a conocer su cuerpo y el riesgo de tener relaciones antes de tiempo, antes de que su madurez física y psicológica se lo permita. Yo no estoy de acuerdo en entregar anticonceptivos a niñas de 14 años, expresó.
Funes se mostró partidario de enseñar a la parte masculina sobre los efectos de las relaciones en edades tempranas, porque para ambos sexos son numerosas las consecuencias sociales, físicas o emocionales de un embarazo anticipado, los riesgos de contraer enfermedades de transmisión sexual, el VIH/SIDA.
No obstante, los análisis suelen centrarse en las féminas, quienes cargan con la vergüenza de embarazarse antes de tiempo y casi siempre abandonan los estudios para sumirse en un mundo doméstico aplastante, coincidieron profesores del Centro Escolar de Lislique, en el departamento de La Unión.
Desde 2005, el Ministerio de Educación prohibió el ingreso de organizaciones no gubernamentales en las escuelas públicas y por ejemplo, el Instituto de la Mujer se vio imposibilitado de viabilizar la capacitación a adolescentes en temas de educación sexual en Suchitoto, departamento de Cuscatlán, como proyectaba.
La negativa estatal respondió a la polémica desatada respecto a programas de esta naturaleza por cuanto abordaban temas relacionados con la masturbación, el uso de anticonceptivos y la homosexualidad, lo cual motivó el rechazo de las organizaciones antiabortos y grupos conservadores de la sociedad.
Deysi Cheyne, directora ejecutiva del Instituto de la Mujer, descartó que los adolescentes tuvieran dificultades para enfrentar estos temas: son los adultos, por la doble moral con la que se toman algunas decisiones, manifestó.
Por conflictos de este tipo, en los cuales las fuerzas gubernamentales tienden a ceder para mantener el apoyo político de tales grupos, niñas y mujeres siguen limitadas en sus derechos y el índice de embarazos en menores de edad tiende al alza en América Latina y el Caribe, concuerdan integrantes de la Red Latinoamericana de Libertades Laicas.
La fecundidad temprana en la región aumentó de forma proporcional con el empeoramiento de las condiciones sociales y económicas en la última década: el 40 por ciento de las jóvenes tiene una vida sexual activa desde los 15 años y de ellas, el 15 por ciento fueron madres o estuvieron embarazadas, reflejan datos acopiados por la entidad.
El Salvador se ubica entres los primeros cinco países con mayores índices de embarazos precoces. De una población de mil adolescentes, 116 quedan embarazadas cada año por deserción escolar, desintegración familiar, escasos conocimientos sobre la fertilidad y baja autoestima, concluyó un estudio de la doctora Marina Padilla.
Registros del capitalino Hospital Nacional de Maternidad, donde se atienden los partos de mayor complicación, refieren que sólo en los primeros cinco meses de 2008, 57 niñas entre los 10 y 14 años dieron a luz un bebé.
La confidencialidad y el acceso a métodos para evitar los embarazos están incluidos en la Convención interamericana para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer y aunque El Salvador ratificó el tratado en 1981, el protocolo facultativo que facilitaría la ejecución de las medidas implícitas en él sigue en discusión legislativa.
Mientras, persisten las dificultades objetivas para compatibilizar el embarazo y la crianza con la educación y la inserción laboral, como señaló un informe sobre la fecundidad temprana emitido por la Comisión Económica de América Latina y el Caribe y el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, en enero de 2007.
Sobre las niñas devenidas madres, a veces sin pretenderlo, recae generalmente de por vida la imposibilidad de continuar estudios, la falta de autonomía económica y la eterna dependencia de sus padres, suegros, o padres de las criaturas, en el mejor de los casos, en correspondencia con el documento.
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